La sentencia del Tribunal Supremo sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) rechaza que los padres puedan objetar a esta asignatura y obliga a los alumnos a acudir a clase, aunque precisa que estos hechos "no autorizan a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas".
La Razón
La sentencia viene pues a dar la razón en el fondo a los padres que han defendido la objeción de la asignatura aunque se posicione en contra de la forma. Ya que, negando el derecho a objetar a la asignatura, al mismo tiempo inhabilita a cualquier parte involucrada del sistema educativo a utilizar la asignatura como arma de adoctrinamiento.
Sin embargo, la sentencia a la vez, es un brindis al sol. Pues supone de facto la victoria de los que pretenden adoctrinar a los niños en las escuelas, al abrir la vía a que determinados temas sean tratados:
"Todo ello implica que cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía -o, llegado el caso, cualquiera otra- es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento"
La Razón
Evidentemente, la idea de la sentencia y del Tribunal Supremo es muy clara; pero... ¿Quién va a supervisar a los docentes en las aulas y comprobar su exquisita objetividad y su prudente distanciamiento? ¿Los niños?
En realidad, la asignatura no debería de existir. Es una muestra más de la incompetencia del gobierno socialista, que un momento donde las necesidades del sistema educativo son de urgente atención vuelca sus esfuerzos en una asignatura, cuya única utilidad consiste en poder adoctrinar a los jóvenes sin la autorización de sus padres.
Pero puestos a existir... Todos esos temas deberían desaparecer de sus temarios. Pero claro, si desaparecen, ¿qué sentido tiene la asignatura?
